LOS NIÑOS DE LA LEY 1008
Revisando los informes tanto de la prensa escrita como en los medios televisivos sobre diversos temas allegados a los niños en Bolivia (lustrabotas, niños mineros, niños de la calle, polillas, etc.) y la inmensa propaganda de parte del gobierno que podemos observar a diario en la TV, propaganda que va desde “Lucha contra la Pobreza”,  políticos oficialistas lustrando zapatos de “lustrabotas” durante la pascua, la UNESCO condecorando a nuestros Presidente y Ministro de Educación por su excelente e incomparable labor en la educación de los niños Bolivianos etc., es esclarecedor y reconfortante encontrar un par de informes, que aunque tienen más de un año de antigüedad, nos pueden abrir un poco los ojos sobre un aspecto de la realidad de nuestros niños bolivianos.
Los informes a que me refiero son, primeramente los dos documentos publicados por la Red Andina de Información “Los Niños de la Ley 1008” y “El Peso de la Ley 1008”, ambos publicados en 1995, tras un diagnóstico en las 5 cárceles de Cochabamba.  El segundo documento, es el diagnóstico y proyecto del CAIC (Centro de Apoyo Integral Carcelario) quienes trabajan en la actualidad con dos programas de atención en educación integral de niños, niñas y adolescentes, hijos de internos de las cárceles de San Sebastián y El Abra (programa 2000-2005).    Todos estos documentos fueron enviados a organismos internacionales (ONU, UNICEF, UNESCO entre otras y a instituciones nacionales sin fines de lucro.  Por supuesto, los organismos internacionales no contestaron hasta ahora, de los nacionales, muchos y positivamente.
Puede parecer algo totalmente fuera de la realidad para cualquier persona, en cualquier lugar del mundo, pensar que las cárceles de Bolivia son habitadas no solamente por los presidiarios, sino también por, en muchísimos casos, la totalidad de la familia inmediata (esposa (o) e hijos).
Haré un corto resumen del porqué de esta realidad, sus antecedentes, procesos y la actualidad.
En 1987, la cárcel de varones de San Sebastián tenía un promedio de 60 reclusos, en ese mismo año, 8 nuevos reclusos fueron admitidos.  En el mismo año, la cárcel de mujeres admitió 2 nuevas reclusas.  Un año después, el gobierno es presionado por la guerra anti narcótica de USA, a crear la Ley 1008, ley anticonstitucional y en contra de los Derechos Humanos ya que la persona detenida  es considerada culpable, sin tomar en cuenta la presunción de inocencia hasta ser probado culpable, una garantía que está en nuestra Constitución.  Para 1994, 187 nuevos reclusos entran a San Sebastián varones y 80 reclusas a la de mujeres.  Para 1995, 400 reclusos con sus familias vivían en San Sebastián Varones, cárcel destinada para 60 reclusos.  La ley 1008 nunca consideró a los niños, menos a las familias.  A través de los diversos diagnósticos se llega a la conclusión que la mayoría de los detenidos son agricultores que se dedicaron a la producción y/o transporte de coca y pasta básica de cocaína en el Chapare o transporte de precursores (kerosene, papel higiénico por ejemplo).  En muchos casos, un gran número de detenidos eran inocentes y tuvieron que pasar de 3 a 4 años en la cárcel hasta probar su inocencia.  Una vez fuera, la ley 1008 no contempla ningún tipo de compensación.
La pregunta es, ¿porqué hay niños en la cárcel?  Los informes nos muestran que al ser detenido el padre o la madre, o ambos en muchos casos, son traídos a la ciudad, pierden sus fuentes de ingresos, sus terrenos y casas quedan abandonados y la única manera de sobrevivir es el habitar como núcleo familiar dentro de la prisión.
A partir de 1998, por acontecimientos sucedidos en diversas cárceles del país, el gobierno decretó que todos los niños y sus familias fueran desalojados de las cárceles (Programa creado por la Sra. Bánzer llamado “No encarceles mi niñez”)  En Cochabamba se crea un comité de defensa para los niños y niñas de ser tratados como personas y no como objetos que puedan ser trasladados de un lado a otro.  Esta situación sucede por el hecho de que el gobierno decide sacar de un día a otro a todos los niños y llevarlos a un ex - motel expropiado a un narcotraficante.  Se dio un plazo de un año, para que el gobierno creara las condiciones favorables para que las familias pudieran vivir un proceso de desalojo de la manera menos traumatizante posible, dado que el nuevo decreto del gobierno amenazaba a la integridad y unidad familiar.  Se tendría que realizar un diagnóstico por parte del gobierno con la ayuda de las diversas organizaciones civiles  que ya por varios años se encontraban trabajando con las cárceles.
Los esfuerzos de coordinación con el gobierno fueron inútiles y el Comité  Interinstitucional de Apoyo a los niños, niñas y adolescentes de las cárceles hizo su propio estudio-diagnóstico, en tres cárceles de Cochabamba: San Sebastián Mujeres, San Antonio y San Sebastián Varones.  (Debo añadir que los esfuerzos de coordinación acabaron en una batalla campal).
Se llegó a las siguientes conclusiones:
1. La mayor cantidad de internos(as) está procesados por la Ley 1008
2. La retardación de justicia por parte del gobierno son elementos que inciden en la permanencia de los niños y mujeres junto a sus padres-esposos.
3. La inadecuada infraestructura y hacinamiento, las precarias condiciones de vida son comunes en las tres cárceles.
4. La capacidad que tiene la población carcelaria para superar estas pésimas condiciones de vida ha hecho que la situación NO incida severamente en el desarrollo de los niños.
5. En los centros penitenciarios de varones se recabaron los siguientes datos: 4.5 personas por familia.  La edad de los niños está entre 1 y 16 años.  La edad promedia de los padres es de 31 años.  El 75% de los padres solo tiene educación primaria. Un 80% de los padres hablan castellano y quechua.  La ocupación de los padres antes del encarcelamiento era en un 50% la agricultura y un 20% como choferes.  El promedio de tiempo de permanencia en la cárcel es de 4.3 años.
En 1999 se desalojan a todos los niños en edad escolar y sus madres.  Las diversas instituciones los adecuan en sus centros de acogida y guarderías.  El gobierno no cumple hasta el día de hoy con la dotación de infraestructuras.  Todos los centros funcionan a través de donaciones de personas particulares, iglesias, instituciones sin fines de lucro.  El FMI a través del  programa PAN, financia el alimento (seco) para los niños desalojados.
Para fines del año 2000, se hizo un recuento de cuantos niños hay todavía en las cárceles, y para desencanto y preocupación, existen unos 350 niños, tanto en San Sebastián Mujeres (de la cuál nunca se desalojaron a los niños) como la de varones.  ¿Por qué? Los padres y madres prefieren a sus hijos con ellos, dentro de la prisión, a que sus hijos se conviertan en “chicos de la calle”, la unidad e integridad familiar es más importante para ellos.
Los varios centros de asistencia (CAIC, Amanecer, Aldea Cristo Rey) no pueden dar cabida a todos los niños por falta de infraestructura y financiamiento.
  Para más información sobre este tema:
Red Andina de Información
Tel (4)224384  Cochabamba
paz@llajta.nrc.bolnet.bo
Centro de Apoyo Integral Carcelario (CAIC)
Calle Ladislao Cabrera 483  Cochabamba
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